La defensa de la universidad pública obtuvo este martes 4 de agosto un nuevo y significativo respaldo judicial. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que quedó sin objeto la apelación presentada contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar que ampara a las universidades nacionales.
La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario promovido por el Estado nacional. Al desaparecer el argumento utilizado para paralizar la ejecución de la cautelar, el expediente deberá regresar al juzgado de primera instancia para que continúe su cumplimiento.
En términos concretos, la resolución elimina uno de los obstáculos procesales utilizados por el Gobierno para postergar la aplicación de la medida judicial. La cautelar continúa vigente y puede seguir ejecutándose, mientras avanza la causa principal iniciada para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Una ley sancionada, promulgada y todavía incumplida
La Ley 27.795 fue aprobada nuevamente por ambas cámaras del Congreso nacional, después de que Diputados y el Senado rechazaran con mayorías especiales el veto presidencial. La norma tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de la educación universitaria pública, actualizar las partidas para gastos de funcionamiento y recomponer los salarios de docentes y trabajadores nodocentes.
Sin embargo, al promulgarla mediante el Decreto 759/25, el Poder Ejecutivo dispuso mantener suspendida su ejecución hasta que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto. Esa interpretación fue cuestionada judicialmente por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas organizaciones del sistema universitario.
En primera instancia, la Justicia concedió una medida cautelar para impedir que la decisión del Gobierno vaciara de contenido una ley sancionada constitucionalmente por el Congreso. Posteriormente, el Estado nacional presentó diferentes recursos para frenar su aplicación, incluido un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Tras el rechazo de ese recurso por parte del máximo tribunal, la Cámara consideró que ya no existía una controversia concreta sobre la suspensión y declaró inoficioso pronunciarse sobre la apelación. De esta manera, quedó despejada la continuidad de la ejecución de la cautelar.
Un logro de la lucha colectiva
Desde GDIUNT celebramos esta resolución como un nuevo logro de la comunidad universitaria argentina y de la lucha sostenida por docentes, nodocentes, estudiantes, autoridades y organizaciones gremiales.
No se trata de una concesión del Gobierno nacional, sino del resultado de las movilizaciones, los paros, las clases públicas, las acciones judiciales y el enorme acompañamiento social que volvió a demostrar que la universidad pública es una institución fundamental para el desarrollo, la democracia y la igualdad de oportunidades.
La resolución judicial tampoco puede utilizarse como una nueva excusa para seguir dilatando el cumplimiento de la ley. Los salarios docentes continúan gravemente deteriorados, las condiciones laborales se vuelven cada vez más precarias y las universidades nacionales siguen atravesando una crisis presupuestaria provocada por las políticas de ajuste.
Por eso, este respaldo judicial debe traducirse de manera inmediata en hechos concretos: recomposición salarial, actualización de los gastos de funcionamiento, convocatoria a paritarias, recuperación de las becas estudiantiles y asignación de los recursos necesarios para garantizar la enseñanza, la investigación y la extensión.
Desde GDIUNT reafirmamos que las leyes deben cumplirse y que el financiamiento universitario no puede depender de la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.
Celebramos este avance, pero sabemos que la pelea no terminó. Seguiremos organizados y movilizados hasta conseguir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación de los salarios de todas y todos los trabajadores de las universidades nacionales.
Sin salarios dignos no hay universidad pública.
Sin presupuesto no hay educación, ciencia ni futuro.
La lucha universitaria da resultados y continúa.
