GDIUNT acompaña el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar los artículos centrales de la norma.
En ese marco, legisladoras y legisladores nacionales solicitaron la incorporación urgente al temario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del expediente 3130-D-2026, que propone exigir al Gobierno nacional el inmediato cumplimiento de la Ley N.º 27.795.
La presentación advierte sobre la gravedad institucional que implica el incumplimiento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, ratificada por ambas Cámaras y cuya aplicación fue respaldada por la Justicia. El planteo se apoya en la resolución dictada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026, en la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – Dto. 759/25 s/ Amparo Ley 16.986”, mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional y quedó firme la cautelar que ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la ley.
Dichos artículos resultan fundamentales para el sistema universitario, ya que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Su incumplimiento profundiza el deterioro de las condiciones de trabajo, afecta el funcionamiento de las universidades públicas y desconoce una decisión soberana del Congreso.
Desde GDIUNT sostenemos que el Gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario. No se trata de una concesión ni de una decisión discrecional: se trata de una obligación legal, institucional y democrática.
La universidad pública argentina atraviesa una situación crítica producto del desfinanciamiento, la pérdida salarial y la falta de respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. En este contexto, el pronunciamiento de la Corte Suprema despeja cualquier controversia jurídica sobre la vigencia y exigibilidad de la norma.
Por ello, GDIUNT reafirma su compromiso con la defensa de la universidad pública, el salario docente, la investigación, la ciencia y el derecho de nuestro pueblo a una educación superior de calidad.
El cumplimiento de la ley es urgente. La educación pública no puede seguir esperando.
