El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 intimó al Poder Ejecutivo Nacional a dar efectivo cumplimiento a la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El Gobierno tendrá un plazo perentorio de cinco días y, en caso de incumplimiento, podrán aplicarse multas por cada día de demora.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Estado Nacional por la aplicación de la Ley 27.795.
El magistrado sostuvo que, de acuerdo con lo actuado en el expediente, “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos”, una medida que se encuentra firme. Por ese motivo, intimó al Estado Nacional a hacerla efectiva en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes —multas judiciales— por cada jornada de demora.
La decisión constituye un nuevo capítulo en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla, entre otros puntos, la actualización de los salarios de docentes y nodocentes de las universidades públicas.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 establece en su artículo 5 que el Poder Ejecutivo Nacional debe actualizar los salarios de docentes y nodocentes de las universidades públicas correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También determina que los aumentos deben ser remunerativos y bonificables y contempla disposiciones vinculadas con la incorporación de sumas no remunerativas a los salarios básicos.
La medida cautelar dictada originalmente en diciembre de 2025 ordenó al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley. Posteriormente, distintas instancias judiciales intervinieron en la causa, hasta quedar firme la medida cautelar.
Cinco días para dar cumplimiento
En la nueva resolución, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 señaló expresamente que el cumplimiento de la cautelar no había sido total.
Por esta razón, el Poder Ejecutivo Nacional fue intimado a efectivizar lo ordenado dentro de los próximos cinco días. Si eso no ocurre, el tribunal podrá disponer multas económicas por cada día de demora.
La resolución adquiere especial relevancia para las y los trabajadores de las universidades nacionales, en un contexto marcado por el reclamo salarial y las discusiones paritarias del sector universitario.
Desde GDIUNT continuaremos informando sobre las novedades vinculadas con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y su impacto sobre las condiciones salariales y laborales de docentes e investigadores de las universidades nacionales.
